En noviembre de 2011, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento benaventano, se temía lo peor con este proyecto. Tras conseguir varias prórrogas para el convenio y lograr adjudicar el proyecto a una segunda constructora tras la quiebra económica de la adjudicataria inicial y de buscar mecanismos de financiación para hacer viable la actuación, se topó con una duras condiciones financieras por parte de los bancos y de las cajas de la plaza. Para los destinatarios reales de este tipo de construcción protegida, trabajadores normales con rentas más o menos bajas, no había financiación. El proyecto quedó así malogrado definitivamente. En su recurso de 2013, el Ayuntamiento sostuvo que la cancelación de la subvención no fue debida a hechos imputables al Ayuntamiento, que había realizado todas las actuaciones que estaba de su mano para conseguir el cumplimiento de los fines de la subvención. La respuesta de la Consejería para resolver negativamente el recurso y reclamar no solo la cantidad anticipada, sino 143.000 euros de intereses se resume brevemente: "se puede apreciar que pasaron cuatro año y no se avanzó en la ejecución de los trabajos, por lo que el Ayuntamiento no actuó con toda la diligencia necesaria".
