El PP ve "irregularidades" en la adjudicación de las carpas y de la seguridad de la Femag

La oposición sostiene que las contrataciones pueden ser ilegales y reclama informes jurídicos de los servicios de Secretaría e Intervención

16.09.2015 | 00:32

El Grupo Municipal Popular (GMP) en el Ayuntamiento de Benavente ha denunciado la comisión de presuntas "irregularidades" en la adjudicación de los servicios de instalación de carpas y de seguridad en la pasada edición de la Femag. La oposición sostiene que las contrataciones pueden ser ilegales y ha reclamado sendos informes de los servicios de Secretaría e Intervención pronunciándose sobre la legalidad del procedimiento.

En ambos casos se invitó a tres empresas, no hubo pliegos de condiciones que determinasen los mecanismos de valoración de mejoras, experiencia u otros aspectos, y las adjudicaciones de ambos contratos se realizaron siguiendo criterios diferentes de los meramente económicos. "Esto hace sospechar que los contratos no fueron legales y las adjudicaciones se realizaron a dedo", explicó el concejal popular Manuel Vega en representación del Grupo Político tras revisar los expedientes durante dos días.

En el caso de la seguridad tres empresas presentaron ofertas. El Ayuntamiento no adjudicó el contrato a la oferta más baja, sino a la intermedia porque presentaba mejoras, "y ni hubo pliego de condiciones previo que determinará el servicio que se necesitaba y cómo iban a valorarse las ofertas, ni comunicación a las empresas informando de los criterios que se iban a seguir en la valoración, ni informe técnico alguno que justificara el procedimiento seguido". En el expediente, según el PP, solo figura un escrito de la Concejalía sin fecha de registro ni sello en el que se justifica la adjudicación a la empresa elegida.

En la contratación de la instalación de carpas también se presentaron tres ofertas. Se adjudicó a la oferta más baja, "pero en este caso una de ellas aportaba mejoras que no se tuvieron en cuenta como en el caso anterior", afirma el PP. Según la oposición la adjudicataria subcontrató el servicio a otra empresa "sin que conste ninguna autorización del Ayuntamiento" y "se vulneró la Ley de Contratos del Estado que establece que solo se pueden realizar subcontrataciones por el 60% del valor total de la adjudicación".

Según el Grupo Municipal Popular "los criterios de valoración empleados para adjudicar los dos contratos fueron subjetivos y discrecionales y sin ningún respaldo júrídico", razón por la que han solicitado que tanto la secretaria como el interventor municipal se pronuncien "sobre la legalidad del procedimiento seguido".

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