En el contrato para la gestión integral del agua en Benavente, el Ayuntamiento lleva a cabo con Aquona, concesionaria del servicio del agua, un control de vertidos a la red de saneamiento.

Desde su puesta en marcha a mediados del año 2012 se han tramitado más de 110 solicitudes que deben ser iniciadas por empresas de la ciudad.

Tal y como informó el concejal de Medio Ambiente, Manuel Burón (IU), en la última comisión informativa "se están realizando las labores de coordinación y seguimiento de las solicitudes de autorización de vertido y la gestión de las autorizaciones concedidas y denegadas, contactando directamente con las empresas implicadas".

Según la normativa "el conjunto de la instalación deberá ser suficiente para absorber los vertidos punta y deberá estar previsto para impedir posibles retornos" considerando una infracción grave la "puesta en funcionamiento de una red de saneamiento sin autorización de vertidos".

Todas las empresas, desde una mercería hasta una gasolinera, deben solicitar el control de vertidos a la red de saneamiento, que afecta especialmente a aquellos negocios que utilizan productos más tóxicos, como son por ejemplo las industrias alimentarias, lavaderos de coches, lavaderos industriales, estaciones de servicios, o gestores de metales (conocidos comúnmente como chatarreros).

El objetivo es evitar el vertido o arrastre de productos que podrían ser tóxicos, incluso tras su depuración.

Las instalaciones con residuos peligrosos tienen un control al margen de esta normativa y se denominan "empresas con vertidos significativos a caudal o canalización municipal", a los que se establece un límite de vertidos.

La adecuación de las arquetas al reglamento, donde los técnicos toman las muestras, es la principal deficiencia que se encuentra en las empresas y que puede motivar el rechazo de la solicitud.

Diego Güemes, responsable del Departamento de Control de vertidos de Aquona, destaca la flexibilidad que hay en este proceso, para no entorpecer la actividad de la empresa, a quien se da un plazo para subsanar las deficiencias y, posteriormente, se debe emitir un nuevo informe de adecuación que suele resultar favorable.