La ejecución de sanciones por incumplimientos de normas municipales generó ayer un cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. Avanzado en el Pleno del jueves y explicado ayer en la rueda de prensa, la concejal de Hacienda, Patricia Martín, afirmó que hay multas, sobre todo relacionadas con tráfico, "que no han seguido el procedimiento ejecutivo hasta el final". Defiende el equipo de Gobierno que son 385.000 euros de sanciones "que afortunadamente no están prescritas, con lo cual estarán llegando y los infractores tendrán que ingresar". Las multas corresponden al período 2011- 2015.
El anterior concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, salió al paso asegurando que "es falso que [las multas] hayan estado "paradas en los cajones", no se puede acusar de esta forma a los técnicos del Ayuntamiento que gestiona los mismos. Es capcioso dar esa interpretación lo haga quien lo haga. Porque por esa regla de tres, se podría decir también que el nuevo Alcalde las ha tenido dos meses paradas en el cajón y que por ello no se han cobrado". Salvador explica que las multas tienen un proceso administrativo largo y que las mencionadas están dentro del plazo de cuatro años previsto para su resolución. A continuación añade: "lo que certifican los técnicos y los expedientes siguen su curso y a veces se inician con un Alcalde y concluyen con otro", lo que implicaría que Huerga sólo continúa el camino habitual.
