El equipo de Gobierno traslada su mayoría al Centro de Transportes gracias a la ley Montoro

El reparto de miembros en el consejo de administración del CTBL tiene en cuenta la modificación estatutaria que deberá afrontar la sociedad

13.07.2015 | 06:10
Una de las reuniones del consejo de administración del Centro de Transportes.

La aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) a las sociedades públicas dependientes de los ayuntamientos ha facilitado al PSOE y a Izquierda Unida el traslado de la mayoría que ostentan en el Pleno al consejo de administración y a la junta de accionistas del Centro de Transportes y Logística de Benavente (CTLB)

Hasta el pleno del pasado viernes, el Ayuntamiento podía nombrar 10 consejeros, a los que se sumaban otros dos elegidos por la Junta de Castilla y León, esto es, 12 en total. El nuevo equipo de Gobierno tenia que resolver la representación en este órgano colegiado teniendo en cuenta el resultado de las elecciones, que dieron ocho ediles al PP, seis al PSOE y tres a Izquierda Unida y finalmente optó por nombrar a tres ediles del PSOE, a dos del PP y a otros dos de Izquierda Unida, a los que sumarán otros dos representantes de la Junta cuyo nombramiento depende de la Administración regional.

El PP protestó el viernes por el que considera un reparto "arbitrario" al no tener en cuenta la proporcionalidad salida de las urnas y el alcalde, Luciano Huerga, explicó tras la sesión plenaria que el reparto realizado se corresponde con la aplicación de la denominada Ley Montoro a las sociedades públicas.

Los técnicos municipales (Secretaría e Intervención) recomendaron tener en cuenta la modificación estatutaria que prevé la ley y que tendrá que materializarse a partir de septiembre para evitar tener que llevar de nuevo a Pleno la elección de consejero y su número de acuerdo con las prescripciones de la normativa.

En el caso de la sociedad pública del Centro de Transportes y Logística de Benavente, y de acuerdo con el volumen o cifra de negocio, número de trabajadores, necesidad o no de financiación pública, volumen de inversión y características del sector en que desarrolla su actividad esta sociedad, la ley le asigna el tercero de los tres grupos posibles, según explicó Luciano Huerga en base al documento.

En este grupo se permite como número máximo de miembros en los consejos de administración u órganos superiores de gobierno nueve representantes y un único directivo (gerente, vicepresidente o consejero delegado). Atendiendo a esta prescripción y de acuerdo con el reparto realizado, la suma de votos de los consejeros del PSOE e IU (cinco) será uno más que la de los consejeros del PP y de la Junta (cuatro).

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