El registro de Certificados de Eficiencia Energética (CEREN) de edificios en Benavente asciende a 44 expedientes tramitados telepáticamente, de los cuales cuatro corresponden a edificios y los 40 restantes a viviendas. De esos 44, ocho ya están inscritos en el registro, perteneciendo todos ellos a viviendas, mientras que el resto se están tramitando. Son datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León en relación a una norma que es obligatoria desde el pasado 1 de junio para viviendas que sean objeto de alquiler o venta y que en Benavente está calando poco a poco.

Los contratos de alquiler, así como la entrega de papeles en la notaría deben ir acompañados de este informe que evalúa en siete niveles la calidad energética de una vivienda, es decir, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. «En el informe no sólo se dice cuánto emite cada vivienda, sino también cuánto emitiría si se hace una serie de reformas como, por ejemplo, cambiar las ventanas de aluminio por unas de PVC», explica Miriam Pérez Tejedor, certificadora energética oficial, quien matiza que «el registro es obligatorio para poder obtener la etiqueta energética, lo cuál permite una mayor promoción de la vivienda».

Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos son los colectivos autorizados para llevar a cabo esta certificación de eficiencia energética, que debe realizarse en todos aquellos edificios que tengan que cumplir condiciones térmicas habitables y que tengan una superficie útiles superior a 50 metros cuadrados.

En Benavente, algunas inmobiliarias y la mayoría de constructores ya tienen a sus propios certificadores, aunque el propietario puede elegir al profesional que le haga la tarea. El certificado tiene una validez de diez años y su posterior renovación se realiza por el 50% de la tasa que se pagó la primera vez.

Hay dos tipos de certificados: uno para las viviendas que ya están construidas y otro para las que están en proyecto, sean de uso público o privado. Los constructores, por su parte, realizan este certificado de forma obligatoria desde el año 2007 en reformas en las que se cambie más del 25% de las instalaciones o se sustituya el tipo de combustible.

La norma, que ya estaba en el resto de países europeos, está regulado por cada Comunidad Autónoma. La Junta de Castilla y León tiene tres meses para enviar la etiqueta energética a aquellos propietarios de inmuebles que realicen la certificación energética y cuyos profesionales registrarán mediante Internet usando la firma electrónica. Las sanciones por incumplir esta norma están «entre los 1.000 y los 6.000 euros», alerta Pérez Tejedor.