El diputado provincial de IU, Francisco Molina, cuestiona la legalidad del arrendamiento de locales que la Diputación de Zamora mantiene en Benavente con Caja Rural. Según el diputado, el equipo de gobierno del PP en la institución provincial estaría fraccionando pagos «para contratar con quien quiere».

La Diputación y Caja Rural tienen suscrito un contrato de alquiler desde el 14 de Julio del año 2004 por varios locales en el número 25 de la calle Santa Cruz donde se prestan servicios administrativos. El alquiler mensual es de 2.473,18 euros, esto es, 29.678,16 euros al año.

Según Molina, el interventor de la Diputación presentó «un informe con reparos, por omisión en el expediente de trámites esenciales», en el que señala que «se incumple la prohibición de fraccionar el objeto del contrato para eludir los requisitos de publicidad, procedimiento o forma de adjudicación. Los importes facturados en su conjunto superan el límite del contrato menor, por lo que debió concertarse el correspondiente contrato de alquiler».

Molina interpreta que al pasar el gasto de determinada cantidad se tenía que haber hecho una convocatoria pública y convocar un concurso, extremo que la Diputación soslayó. IU recuerda que propuso al Ayuntamiento que cediera algún local a la Diputación para lograr un ahorro o que el Ayuntamiento se beneficiara de ese alquiler.