Los sucesivos cambios de nombres de empresas e incluso de domicilio social, llegando a crear negocios en Panamá, con distintos socios y familiares como apoderados, sin llegar en ningún momento a pagar las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria ha llevado a dos empresarios benaventanos del sector de la hostelería con parte de su familia a sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentarse a sendos delitos por presunto alzamiento de bienes y defraudación a la Seguridad Social.
Por el primero de ellos, los seis acusados -dos hermanos con sus mujeres y dos hijos de uno de los matrimonios- se enfrentan a una pena de dos años de cárcel y una multa de 10.800 euros. Por el presunto delito de defraudación a la Seguridad Social el fiscal pide para los hermanos una condena de tres años y medio de prisión y una multa de 1.550.000 euros. Una cifra que se queda en 950.000 euros para las esposas y los dos hijos, a la que habría que sumar tres años de cárcel.
Durante la declaración de uno de los acusados, cabeza visible de los negocios que tenía con su hermano, reconoció haber cambiado primero de nombre la empresa, «por motivos de marca» y luego haber disuelto esta para crear otras cinco con sede en Panamá, introduciendo así a parte de su familia como apoderados de las mismas. Este grupo desapareció en 2005 para reconvertirse en tan solo dos sociedades. El imputado se defendió asegurando que se habían realizado voluntariamente pagos a la Seguridad Social, al tiempo que en la actualidad se les está embargando la recaudación de las máquinas tragaperras de los negocios hosteleros que regentan.
El segundo acusado, por su parte, delegó toda la responsabilidad de los negocios en su hermano y recalcó que «no sabía nada» de las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, mientras que la esposa del primer imputado aseguró que firmaba todo lo que le daba su marido «sin preguntar, por confío y confiaré en él», una actitud que también argumentaron sus sobrinos.
La responsable de la Tesorería de la Seguridad Social que acudió como testigo reconoció que los acusados habían abonado parte de la deuda, «aunque una vez que se inició el proceso penal», y que a día de hoy todavía debían 354.000 euros, mientras que el testigo de la Agencia Tributaria aseguró que entre todas las empresas de los acusados sumaban un débito de 1,2 millones de euros, «sin haberse pedido en ningún momento algún aval o petición de aplazamiento», concretó.
Durante sus conclusiones, los abogados de la defensa solicitaron a la jueza la absolución de los seis acusados o, si la sentencia fuera condenatoria, que la magistrada tuviera en cuenta los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del presunto delito, ya que han abonado parte de la deuda contraída con la Seguridad Social.
La idea de crear cinco nuevas empresas con sede en Panamá fue la solución que les aportó a los acusados el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, con quien habían tenido relación en el pasado, para ir solventando sus deudas. Según la declaración de uno de los acusados, el objetivo era «tributar menos en ese país y poder ir pagando lo que debía». El empresario benaventano confesó durante su declaración haberse sentido «engañado» por Rodríguez Menéndez. «Yo ni siquiera sé dónde está Panamá», espetó, añadiendo que se dejó asesorar porque «confiaba en él, que sugirió que nosotros solo le teníamos que pagar una cantidad mensual y sería el mismo quien solucionaría todo». Un ofrecimiento que se transformó en humo cuando el famoso abogado desapareció tiempo después sin dejar rastro.
