El arquitecto, proyectista del Edificio Mercnatil y ex concejal en el Ayuntamiento de Benavente, Román Ávila, ha pedido el amparo del Procurador del Común para tener acceso a a los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad del chalé de la esposa del alcalde de Benavente, además de a los informes que contienen y de las certificaciones del instructor sobre posibles resoluciones y su ejecución, así como a cualquier otro que tenga relación con la edificación.
En un escrito de cuatro páginas Ávila relata de manera pormenorizada las peticiones de información realizadas al Ayuntamiento desde el año 2004, momento en que la Alcaldía dictó decreto para la «Restauración de la Legalidad Urbanística» en relación con las obras de edificio de nueva planta en Prado del Concejo, de las que era promotora la mujer del actual regidor.
El arquitecto justifica su petición de amparo «ante la perplejidad que produce la inexplicable falta de respuesta del Ayuntamiento de Benavente y de su alcalde, después de transcurridos más de 18 meses desde que inicié mis solicitudes de los expedientes a que me he referido».
Àvila defiende que siempre debe prevalecer «el derecho a la información cuando los datos son veraces», en este caso datos «confirmados por la propia interesada», sobre hechos de meridiana relevancia pública, «así como cuando la "acción pública" es un derecho reconocido al administrado».
A su juicio, tal y como recoge en su queja al Procurador del Común, «es patente que como ciudadano debo poner en tela de juicio la actuación de un alcalde que, vulnerando gravemente el procedimiento legal, impide torticeramente el desarrollo y la resolución de estos expedientes sancionadores por infracción urbanística grave, al ser su esposa la infractora, y presumiblemente la sancionada, así como que lo hace en defensa del interés privado y evidentemente en contra del interés general y de la Ley».
Afrima también que sabiendo de su derecheo a conocer «los tan repetidos expedientes ocultos de forma tan interesada como presuntamente delictiva», es por lo que pongo de manifiesto su interés en el conocimiento preciso de los mismos «para el posible planteamiento por mi parte de los procedimientos judiciales ordinarios a que hubiere lugar, ante la conducta de un Alcalde que se salta normas y reglamentos de forma patética, burda e interesada, que secuestra presuntamente la documentación que le perjudica, que actúa al margen de la Ley y que lo hace exclusivamente en defensa de sus intereses personales y los de su esposa».
La queja ante el procurador del común tras el relato de los hechos que han motivado su reclamación de los expedientes referidos se sostiene en una decena de apartados júridicos en los que apela a la normativa urbanística vigente en Castilla y León, la Ley de Bases de las Haciendas Locales, el reglamento que la desarrolla, la Constitución y diversas jurisprudencia contencioso-administrativa.
Ávila desgrana también uno por uno todos los escritos registrados en el Ayuntamiento solicitando la misma información, y las alegaciones planteadas ante el Consistorio cada vez quese ha producido alguna variación conocida a través de resoluciones oficiales en relación con la edificación de Prado Concejo. A la luz de toda esta información pide del Procurador «su inestimable intervención ó mediación ante el Ayuntamiento de Benavente, para obtener el acceso a los expedientes solicitados».
