La Sala de Gobierno del Alto Tribunal es partidaria de una reforma global y amplia de la Administración de Justicia que permita superar el actual modelo de partidos judiciales en consonancia con las ideas contenidas en el informe de la Red de Consejos del Poder Judicial de la Unión Europea. El TSJCyL está de acuerdo con el gobierno de los jueces en modificar la Ley de Planta con matices. El informe del Alto Tribunal de la región considera que «la reorganización que se propone no ha de conllevar la desaparición de la presencia judicial en las actuales cabeceras de partido, al ser imprescindible en ellas la visualización de uno de los tres Poderes del Estado».

Dicho esto, el documento aboga literalmente por «el mantenimiento de las infraestructuras existentes -que en algunos casos han sido recientísimamente construidas- y su aprovechamiento para la ubicación en ellas de órganos de alguna clase, de las Agrupaciones de Juzgados de Paz- que en la mayoría de los casos carecen de las más mínimas condiciones para su funcionamiento-, de oficinas de presentación de escritos o para que se celebren en ellas las diligencias que no exijan el desplazamiento del ciudadano hasta la capital judicial».

El informe destaca que la Sala de gobierno «no puede dejar de compartir que, como afirma con acierto el Consejo en su documento de trabajo, la atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no puede medirse a día de hoy en kilómetros, sino en tiempo y servicios»; que la presencia del ciudadano en los Juzgados debe circunscribirse a los supuestos estrictamente necesarios, facilitando en la mayoría de los supuestos el uso de las nuevas tecnologías y la comunicación telemática; y que carecen de sentido circunscripciones que no cuenten con una importante masa poblacional, siempre que el desplazamiento de los ciudadanos a la sede judicial no exceda de un tiempo moderadamente razonable.

Sostiene igualmente que la separación de órdenes jurisdiccionales exige la existencia de un número mínimo de Juzgados, que se cifra en ocho o nueve- «que la haga verdaderamente eficiente; y que cualquier medida que se adopte no debe nunca proyectarse de manera general, habiendo de respetarse circunstancias tales como las dificultades orográficas, geográficas o de comunicación que existan en algunos puntos concretos, con el fin de no ofrecer soluciones iguales a planteamientos que no lo son».

El Pleno del TSJCyL defiende también que la experiencia ha demostrado «que los órganos judiciales situados en lugares distintos de las capitales de provincia sufren, por mor de la escasez de las plantillas, de las vacantes de personal, del trasiego constante de funcionarios y de otras vicisitudes análogas, consecuencias negativas para su normal funcionamiento» y afirma que los niveles de pendencia «que muchos de ellos alcanzan no se compadecen con el volumen de registro que soportan, mereciendo en más casos de los deseables de unas medidas de refuerzo que un diseño más inteligente de la demarcación y de la planta judicial no harían exigible».

Por último, deja claro que la reforma propuesta por el Consejo General del Poder Judicial en su «Estudio sobre Principios y Criterios Básicos para una nueva Demarcación Judicial» determinaría «una mayor racionalidad en la gestión de los medios personales y contribuiría a proporcionar un mejor servicio al ciudadano»

Para la Sala de Gobierno del TSJCyL este es, «en definitiva, el norte que debe alumbrar cualquier reforma en materia judicial so pena de hacer ilusorio el derecho a la tutela judicial que reconoce la constitución de 1.978, bien entendido que, como todas las reformas que se propongan, ha de preservar la independencia judicial y contemplar el necesario aumento de la planta judicial y de los medios humanos y materiales al servicio de la Administración de Justicia, junto con una concreción seria y razonada de la carga de trabajo exigible que puede asumir un Juez en el ejercicio de la función jurisdiccional».

Este documento será remitido ahora al CGPJ, aunque el Ministerio de Justicia no lo considera vinculante en ningún caso, según ha difundido. El encargado en marzo por el Consejo de Ministros a una Comisión Institucional, informe que verá la luz previsiblemente en Navidad y que a decir de su presidente, Antonio Dorado Picón, tampoco prevé el cierre de sedes judiciales.