Benavente, Toro y Villalpando dejarían de ser partidos judiciales si prospera la propuesta del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) , que plantea reducir 25 de los 41 partidos existentes en la región castellano-leonesa.
La propuesta fue aprobada por el Pleno del Consejo y recoge los principios básicos que deben regir una nueva demarcación judicial a nivel nacional. Esta propuesta está a la espera de las aportaciones que puedan realizar los tribunales superiores de justicia de cada comunidad y los vocales territoriales.
La Ley de Planta de 1988 estableció que cada partido judicial debía atender a una población de 50.000 habitantes y un territorio de unos 15 kilómetros de radio, pero ya desde el Pacto de la Justicia de 2001 se vio que esa fórmula estaba «desfasada» y desde entonces ha habido varias propuestas para reestructurar el mapa judicial. Recientemente, el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, planteaba la necesidad de reformar la Ley de Demarcación y Planta.
El informe del CGPJ plantea que, con carácter general, las nuevas circunscripciones habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes, y también recoge que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora. Además, el Consejo, que plantea que los nuevos partidos tengan un mínimo de ocho juzgados, también argumenta esta nueva ordenación indicando que ahora, gracias a las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías, no es necesario que el ciudadano se desplace al juzgado salvo «en casos estrictamente necesarios».
Por provincias, León es la que más partidos judiciales pierde al pasar de los siete actuales -León, Astorga, Cistierna, La Bañeza, Ponferrada, Sahagún y Villablino-, a dos, Ponferrada, que absorbería el de Villablino, y León, que agruparía al resto. La segunda provincia más afectada sería Burgos, donde la reforma contempla la pérdida de cuatro partidos. Así, Lerma y Sala de los Infantes se agruparían al de la capital, se mantendría el de Aranda de Duero y que al de Miranda se unirían los de Briviesca y Villarcayo.
En Salamanca sólo se contemplan dos partidos: el de la capital, al que se unirían los de Béjar, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino, y el de Ciudad Rodrigo. También tres partidos se perderían en Zamora, donde se mantiene el de Puebla de Sanabria y desaparecen los de Toro, Benavente y Villalpando, que se unen al de la capital.
En Ávila se pierde dos circunscripciones judiciales, dado que Arévalo y Piedrahíta estarían dentro del partido con sede en la capital, mientras que se mantiene el de Arenas de San Pedro. En el resto de las provincias, Valladolid, Segovia, y Soria sólo se contempla un partido. Así, en Valladolid se perderían los de Medina del Campo y Medina de Rioseco, una posibilidad que ya rechazan los alcaldes de ambas ciudades. «Un despropósito total y absoluto», según dijo a El Día de Valladolid la regidora de Medina del Campo, Teresa López, y una oposición total de Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco. En Segovia, los de Cuéllar, Santa María la Real de Nieva y Sepúlveda, y Soria los de Almazán y Burgo de Osma.
La provincia menos afectada por esta reforma es Palencia que sólo pierde uno, dado que se mantiene el de Cervera de Pisuerga, mientras que el de Carrión de los Conde se uniría al de Palencia.
Según se asegura desde el Consejo General del Poder Judicial, el objetivo es «abrir un debate que permita superar las disfunciones que provoca un diseño territorial que ya no responde a la realidad de una sociedad en constante y profunda transformación. La propuesta necesita ser entendida no de manera aislada, sino como un pilar más de la reforma estructural que necesita la Administración de Justicia española».
En el ámbito nacional, la aplicación de estos criterios se plasmaría en la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad. Además, «el 90 por ciento de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, garantizando un rendimiento idóneo y un aprovechamiento racional de los recursos», asegura el CGPJ en su informe.
El Consejo concluye en su propuesta, que la implantación de un nuevo mapa judicial debe ser progresiva, flexible y en el marco de una reforma global mucho más ambiciosa de la administración de Justicia que «atienda a la necesidad de ruptura del vínculo juez/juzgado con la implantación de los tribunales de instancia».
