J. A. G./AGENCIAS
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León, en el transcurso de la «Operación Reciclaje», llevada a cabo durante los últimos seis meses por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, ha detenido a detenido a cuatro personas, entre ellas dos benaventanos, e imputado a otras dos más por el vertido ilegal de más de 4.000 toneladas de residuos.
En concreto, el pasado día 2 de febrero fueron detenidos J. C. . F., de 53 años y vecino de Villaturiel y F. B.V., de 57 años y vecino de León e imputados A.P.R., de 41 años y vecino de León y D. L. G., de 35 años y vecino de Valdefresno.
La citada operación se cerró el martes con la detención de los dos vecinos de Benavente cuyas identidades responden a las iniciales de J. M. G. P., de 39 años y B. G. P., de 40 años, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en León.
Los implicados pertenecen a una empresa dedicada al transporte de residuos, los cuales procedían al vertido de estos de manera indiscriminada e irregular. El modus operandi utilizado consistía en retirar los contenedores de residuos y verterlos en la superficie o en agujeros que posteriormente eran tapados con ánimo de ocultación, de manera que incumplían su obligación de entregarlos a un gestor autorizado.
Para ello utilizaban diversos métodos con el fin de no ser detectados como la nocturnidad o la vigilancia previa del lugar de vertido mediante un vehículo «lanzadera».
Las averiguaciones llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza confirmaron la existencia de más de ocho puntos diferentes de vertidos repartidos por toda la provincia leonesa, preferentemente en las inmediaciones de la capital. Estos lugares son variados y van desde valles, zonas de extracciones de áridos o lagunas hasta antiguos vertederos e incluso fincas particulares o zonas abandonadas.
Las cantidades que en estos momentos se estiman como vertidas rondan los 1.000 contenedores, los cuales se vertían sin ningún tipo de control previo de separación de materiales, mezclados incluso con residuos que tienen un tipo de gestión específica con el consiguiente perjuicio y riesgo para el medio ambiente.
La legislación actual obliga al traslado de este tipo de residuos a una instalación de tratamiento autorizada, como la que existe en San Cristóbal de Entreviñas por ejemplo, para su posterior valorización o eliminación, de acuerdo con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Los detenidos imputados, con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente.
Los seis imputados trabajaban para una empresa de transporte de residuos de León. En seis meses habrían vertido 4.000 toneladas de residuos ilegales en lugar de llevarlos a un gestor autorizado, como el de San Cristóbal de Entreviñas.
La Guardia Civil calcula que mil contenedores de todo tipo de restos mezclados fueron depositados en valles, vertederos, fincas particulares, descampados e incluso en zonas de extracción de áridos próximos a la capital leonesa.