J. A. G.

El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia numero 2 de Zamora dejó ayer vista para sentencia una reclamación de cantidad de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contra el Ayuntamiento de Morales de Rey, cuyos representantes no llegaron a la vista tras perderse en el edificio judicial.

La SGAE reclama al Ayuntamiento de Morales del Rey 19.000 euros en concepto de derechos de autor correspondientes a cuatro años de fiestas y celebraciones. Los representantes municipales, que rechazan que el importe girado a través de una factura proforma al Ayuntamiento se corresponda «ni de lejos» con la realidad, acudieron a la vista para explicar que la demanda no tenía razón de ser. Querían defender su versión pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo por circunstancias kafkianas.

La ex alcaldesa, Ana Riesco, el concejal de Festejos de Morales del Rey y la secretaria del Ayuntamiento llegaron con tiempo al edificio de los Juzgados pero lejos de encontrar la sala de vistas se perdieron en el «laberinto» judicial como si se tratase de un relato del autor checo. Se pasó la hora de la vista con creces y de no ser por una compañera de este periódico que les orientó, hubieran tardado en descubrir que estaban lejos de hallarse esperando en el lugar adeudado.

La ex alcaldesa explicó más tarde que había tenido oportunidad de dirigirse la juez . La vista ya se había celebrado y esta le comunicó que habían esperado veinte minutos. «Nosotros estábamos aquí desde las 9.30 dando vueltas», recordó la ex regidora.

Según Riesco, en diciembre el Ayuntamiento autorizó diversos pagos, entre ellos el correspondiente al canon que se adeudaba a la SGAE. «No son ni con diferencia los 19.000 euros que ellos piden en su factura proforma porque son unas cuantas jotas y el concierto de la Frontera, que hace su propia música y que ya paga a la Sociedad», alegó.

La ex alcaldesa asegura que la entidad financiera cursó todas las transferencias menos la de la Sociedad General de Autores. «Se les olvidó, aunque tenemos la orden firmada que prueba que nosotros autorizamos el pago. Además, en todo este tiempo he telefoneado a sus abogados. Siempre saltaba un fax y nunca pude hablar con ellos a pesar de que les dejé mensajes explicándoles que no era necesario ir a juicio y que podíamos arreglarlo». Ahora, la justicia tiene la última palabra.