José Manuel García y María Sastre, los padres de los cuatro menores cuya tutela asumió la Junta de Castilla y León por orden de la Gerencia de Servicios Sociales el pasado 16 de febrero, tienen poco más de tres semanas para recurrir la decisión de la Administración regional en la vía civil antes de que esta sea totalmente firme.
La decisión de la Gerencia, que fue puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, no del Juzgado de Menores como informaron por error fuentes de la administración, llevaba aparejada directamente la posibilidad de presentar recurso ante la jurisdicción civil en el plazo de dos meses y sin necesidad de plantear reclamación previa en vía administrativa.
En concreto los padres de los pequeños tienen hasta el día 16 abril para interponer recurso ante el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Zamora. José Manuel García explicó ayer que está intentando reunir el dinero para hacer frente a los costes judiciales del recurso y que su abogado pueda hacer frente al asunto cuanto antes.
La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta declaró el la situación de desamparo de los cuatro niños, de 14, 12, 7 y 2,5 años, y la asunción de la tutela legal tras recibir una propuesta de la Comisión de Valoración de Protección a la Infancia reunida el mismo día 16. El Servicio abrió informaciones previas sobre los menores el 21 de enero, día que la Gerencia Territorial de Servicios Sociales recibió «notificación de la posible situación de desprotección» en la que se encontraban los niños.
«Estudiado el caso por la Comisión de Valoración de la Sección de Protección a la Infancia de 16 de febrero de 2011 ésta propone, teniendo en cuenta el superior interés de los menores, el cierre dc las Informaciones Previas, la apertura de Expediente de Protección así como declararlos en situación de desamparo y asumir su tutela por ministerio de la Ley y dar de alta a la menor en la medida de Acogimiento Residencial en la Residencia de Acogida Nuestra Señora del Tránsito, de Zamora», dice la propuesta.
De manera genérica, la ley considera «como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material». Del mismo modo incluye «los malos tratos psíquicos ... cometidos por los familiares o responsables del menor, o por terceros si aquellos lo consienten u omiten activar los medios a su alcance para impedirlos; el ejercicio inadecuado de los deberes de protección por los responsables del menor con peligro grave para éste; y la desatención física o psíquica del menor, grave o cronificada».
Los padres aseguraron ayer tajantemente que en ningún caso se han producido situaciones como las que enumera la ley. «A nosotros nunca nos han dado ninguna explicación de cuando hemos dejado a nuestros hijos en situación de desamparo», insiste Jose Manuel.
Ayer se pusieron en contacto con la Oficina del Procurador del Común para presentar una queja contra la decisión de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de retirarles la tutela, decisión que califican de «injustificada».
