SUSANA ARIZAGA
El «escaso rendimiento de los funcionarios» de la oficina de civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Benavente ha soliviantado los ánimos entre los letrados de la provincia y llevado al Colegio de Abogados a presentar una queja formal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León para exigir medidas tendentes a solventar esa situación, según ha podido saber este periódico.
Una denuncia que el TSJ ha manifestado haber constatado como «cierta» y que tendrá consecuencias para los empleados públicos, ya que en su respuesta este órgano ha indicado que «actuará lo que tiene por conveniente» sin concretar en qué consistirán.
Lo más probable es que Valladolid haga llegar esta protesta al Ministerio de Justicia, que podría abrir una investigación para concretar cómo repercute el sistema de trabajo de estos funcionarios en la tramitación de las demandas civiles que interponen los ciudadanos.
Lo que los profesionales de la Abogacía califican como «anormal funcionamiento» de la oficina de civil motivó la decisión del Colegio de Zamora de exponer su malestar por un ritmo demasiado lento en la gestión de este tipo de asuntos, lo que interfiere en el trabajo de los propios letrados y causa retrasos en los procedimientos que tiene que resolver este órgano con el consiguiente perjuicio para sus clientes, principales afectados. Las gestiones realizadas por el Colegio para establecer qué causas estaban dilatando los casos de la oficina de civil concluyeron en este problema, ajeno a la jueza sustituta que acaba de cesar recientemente, quien siempre ha gozado del reconocimiento de los profesionales de Abogacía y Procuraduría, con los que mantuvo siempre una buena relación, como se puso de manifiesto en la emotiva despedida que le ofrecieron en días pasados.