La Subdirección General de Inspección de Datos está realizando «actuaciones previas de inspección» para determinar «los hechos que pudieran justificar, en su caso, la incoación de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas» tras la denuncia de la administradora única de Promer y sus familiares contra el Ayuntamiento de Benavente por la presunta vulneración de sus derechos en materia de datos protegidos.

La Subdirección, órgano de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la que compete la aceptación y tramitación de las denuncias contra la conculcación de la Ley, acaba de aceptar a trámite las denuncias de Promer.

La inspección tendrá que determinar la identificación de «la persona u órgano que pudiera resultar responsable» y establecer «las circunstancias relevantes que pudieran concurrir» en la conculcación de la Ley en caso de haberse vulnerado esta.

La Subdirección General de Inspección ha contestado con tres misivas diferentes a las denuncias interpuestas por la administradora única, su esposo, el arquitecto del Mercantil, Román Ávila, y el hijo de ambos.

La AEPD responde de esta forma a la presunta vulneración de datos personales de esta familia tras anunciarse por el Ayuntamiento el inicio de acciones contra los socios de la promotora y algunos de sus familiares por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Estos pidieron la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos debido a la divulgación pública de su nombre, el de su mujer y el de su hijo en relación con el citado presunto alzamiento de bienes, y por la denegación de acceso al expediente que tramita el Ayuntamiento por estos hechos. Los técnicos municipales consideran que la promotora del Mercantil enajenó pisos, garajes y trasteros a los socios de la promotora y algunos familiares para evitar el pago de una sanción de más de 300.000 euros más intereses de demora.

Los hechos que han motivado la denuncia ante la Agencia tienen que ver con una reunión mantenida con el alcalde y varios concejales del equipo de Gobierno a finales de septiembre. En ese encuentro, uno de los socios de Promer, el proyectista y su hijo, fueron informados acerca del contenido de un informe de la Tesorería Municipal sobre la detección de un presunto delito de alzamiento de bienes. Ese mismo día fueron informados los grupos políticos y el equipo de Gobierno hizo pública una nota de prensa con los nombres de los afectados por el procedimiento administrativo.

A los pocos días Ávila presentó la primera denuncia ante la AEPD y simultáneamente reclamó al Ayuntamiento acceso al expediente de Tesorería. Posteriormente, vencido el plazo de un mes con relación a la petición del informe del tesorero municipal, planteó una segunda denuncia. Ávila pide literalmente al director de la Agencia que dicte acuerdo de inicio de procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas, o se sume al posible expediente abierto en virtud de la anterior denuncia ante esta agencia de fecha 6 de octubre, o se incoen cuantas actuaciones sean necesarias con objeto de determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciació.

Denuncia en octubre

El 6 de octubre el proyectista del Edificio Mercantil, Román Ávila, en representación de su familia remitió una primera denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por lo que considera una vulneración de sus derechos. El denunciante cita la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Un mes después

El 8 de noviembre, transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 29 del Real Decreto 1720/2007, Román Ávila denunció de nuevo ante la AEPD no haber recibido respuesta alguna del responsable de los ficheros del Ayuntamiento de Benavente, ni de ninguna otra persona responsable de esta materia en el Consistorio benaventano. Apelando al artículo 29 del RD 1720/2007, y al artículo 18 de la LOPD, denunció por ello la vulneración de los derechos de acceso a datos personales relativos a su persona que pudieran estar sujetos a tratamiento confidencial.