El Ayuntamiento de Maire de Castroponce ha denunciado públicamente el «silencio» que mantiene la Junta de Castilla y León ante la petición anual de reforestación de las riberas del pueblo después de 30 años de colaboración de mutuo acuerdo entre ambas administraciones. El Consistorio ha enviado dos cartas a la Dirección General del Medio Natural en los últimos meses sin obtener respuesta alguna. Su titular teme que esta actitud encierre el desentendimiento de la administración regional de un convenio de colaboración que se suscribió con las transferencias autonómicas de medioambientales en el año 1972 y que se ha venido renovando años tras año procurando otra vía de riqueza a la localidad.

Maire de Castroponce puede presumir de hecho de que «vive» de sus pequeñas masas forestales. Desde hace años obtiene los suficientes recursos tanto de sus fincas como de las superficies de ribera sujetas a convenio para hacer frente a los pequeños gastos que tiene la localidad y sin que sus vecinos apenas tengan presión fiscal. «Aquí se pagan muy pocos impuestos y lo mínimo por cada uno de ellos», afirma el alcalde, Jesús Rubio García, del PP.

En la década de los 60, el anterior régimen expropió varias fincas de ribera al municipio. Los vecinos se opusieron porque consideraban que la reforestación perjudicaba a la ganadería y hubo manifestaciones a la orilla del río en las que tuvo que intervenir la Guardia Civil. El Estado se quedó con los terrenos sin pagar las expropiaciones. Con el advenimiento de la democracia y la creación de las autonomías, las transferencias pasaron a la Junta de Castilla y León. En 1972 el alcalde de Maire y el entonces consejero de Agricultura suscribieron un convenio de colaboración de riberas que afectaba a las 31 hectáreas de suelo plantadas de chopos expropiadas sin pago años atrás. A cambio de custodiar estas masas forestales y colaborar en los trabajos de plantación, poda y limpieza, Maire recibiría el 30% bruto del importe de las cortas. Este convenio, sancionable, anualmente se ha mantenido hasta ahora.

El alcalde recuerda al respecto de la propiedad del suelo que en cualquier caso que en todas las operaciones relativas a la tala y venta de los chopos las firma el Ayuntamiento, por lo que defiende que la titularidad del suelo corresponde en realidad al municipio al no haber sido en su día abonadas las expropiaciones.

Jesús Rubio, molesto por la falta de respuesta del director general, se queja de que la Junta «no nos esté haciendo caso a la hora de renovar el contrato de riberas» y recuerda que este sistema de colaboración, muy habitual en León, solo se conserva en Maire en el caso de la provincia de Zamora. Ocurra lo que ocurra, lo que sí asegura Rubio es que el Ayuntamiento de Maire de Castroponce defenderá sus intereses.