Los propietarios y vecinos del Edificio Villalar se reunirán en las próximas horas para tomar una decisión comunitaria sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha anulado la licencia de obras concedida en marzo de 2005 por haberse concedido ilegalmente. Una representación de la comunidad tiene también previsto reunirse con el alcalde o con la concejala de Urbanismo para conocer la posición municipal y qué proceso seguirá ahora el Ayuntamiento para legalizar el inmueble. Por otra parte, demandante en este proceso, el arquitecto Román Ávila, no descarta reclamar algún tipo de responsabilidad personal a los políticos del equipo de Gobierno que en su día concedieron la licencia y desoyeron la advertencias de ilegalidad realizadas. Ávila denunció el mismo momento en que se dio la licencia que esta no se podía conceder porque los permisos estaban suspendidos al haberse aprobado el Plan General de Ordenación Urbana inicialmente.