Santa María de la Vega modificará las normas para derribar una casa protegida

M. A. CASQUERO Un edificio de Santa María de la Vega que se encuentra en un avanzado estado de ruina viene dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento ya que al gozar de protección estructural no se permite su demolición. El Consistorio pretende su derribo para construir en el solar un centro social y cultural debido a los reducidos espacios con los que cuenta actualmente para llevar a cabo actividades culturales.


La vieja casona del número 16 de la plaza del Directorio fue construida para las escuelas y en la planta superior como residencia de la maestra y el maestro. Hasta hace pocos años, una parte de la planta baja albergó la farmacia hasta su nueva ubicación. El inmueble consta de dos plantas ocupando el frente por la plaza por la que tiene el acceso, con patio en la parte posterior. La construcción responde a la manera tradicional constituida por una estructura portante de muros de carga de mampostería y tapial sobre los que se apoya la estructura de madera con cobertura de teja cerámica curva sobre tablero de terradura. La planta primera dispone de una galería de madera que ocupa toda la fachada siendo el elemento más destacado por la ficha del catálogo.


El municipio de Santa María de la Vega cuenta con Normas Urbanísticas desde el 17 de octubre del 2003, una vez que la Comisión Territorial de Urbanismo dió conformidad al proyecto de Planeamiento aprobado por la Corporación municipal con fecha 19 de mayo de ese mismo año. En el Planeamiento vigente se incluyen varios elementos protegidos con distinta afección, como es el caso del inmueble de las antiguas escuelas de la plaza del Directorio que en el catálogo de elementos protegidos se encuentra con nivel de protección estructural. Esto quiere decir que con las condiciones impuestas en la ficha del catálogo y el artículo 8.1.8 de las ordenanzas, las obras permitidas en este nivel son las de restauración, conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento y reestructuración, manteniendo la envolvente del edificio sin modificaciones, pudiendo llegarse al vaciado y sustitución completa de su interior. Pero no se permiten, sin embargo, obras de ampliación o demolición completa de la edificación. Aqui radica el «quid» de la cuestión para el regidor municipal, José Luis Macías Valderrey y el equipo de gobierno. El avanzado estado de deterioro del inmueble es de tal consideración, incluso en parte de su estructura sobre todo en la esquina NO del muro exterior donde se aprecia un importante desprendimiento que afecta a toda la planta primera que amenaza derrumbe. Si se pretende una rehabilitación del edificio para adecuar su uso, exige una intervención de gran repercusión en la edificación con unos considerables costes económicos como precisa el regidor y atestiguan informes técnicos realizados por el Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación hace dos años, cuando todavía el deterioro de algunas partes no era tan acusado.


El Ayuntamiento estima la declaración de ruina según contempla el art. 107 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 323 del reglamento que la desarrolla en base a que el coste de las obras necesarias para reponer las condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad superan límite del deber legal de conservación como el 50%del valor de reposición, excluido el valor del suelo, pero hete aquí que esto choca frontalmente con lo dispuesto también en uno de los artículos del RUCYL, concretamente en el 326 ya que en la resolución del expediente de ruina no puede ordenarse la demolición de inmuebles catalogados con un nivel de protección que impida su demolición como es el caso de este edificio municipal.


Puestas así las cosas, en el informe del Servicio de Asistencia a Municipios se recomienda al Ayuntamiento que «de entender inviable la rehabilitación de la edificación por el alto coste de la intervención, la posible demolición de la edificación debe pasar por la modificación puntual de las Normas Urbanísticas para otorgar a la edificación un nivel de protección que permita su demolición como es el de protección ambiental». El alcalde confirmó ayer a este diario que procederá al inicio del expediente de modificación puntual del Planeamiento en este sentido.