M. A. CASQUERO
El empresario Manuel Tábara, a través de sus abogados, amenaza con «tomar medidas» si se celebra la reunión convocada para el jueves por CEOE Zamora y la patronal benaventana en la sede de esta última organización empresarial. Los representantes legales del hasta hace pocas fechas presidente de la patronal benaventana, Manuel Tábara, denuncian el encuentro asegurando que Tábara no ha dimitido como presidente de los empresarios de la comarca porque no se ha formalizado por escrito esta decisión, como pidió en su día el empresario.
El bufete de abogados vitoriano se apoya jurídicamente en que no se ha producido por escrito la dimisión por lo que ha remitido una misiva ( a través de correo electrónico) a la sede de la patronal zamorana calificando la reunión como «sorprendente» ya que la sede zamorana «ha hecho caso omiso del requerimiento de la formalización de la dimisión de Tábara y de los trámites formales del nombramiento del actual presidente en funciones». La representación legal del hasta ahora presidente de los empresarios benaventanos asegura no haber recibido comunicación alguna al respecto, argumentando que «la dimisión nunca se ha producido». El propio Manuel Tábara ha declarado no haber dimitido. «Parece ser que me dimitieron el señor Herrero Magarzo y el señor secretario provincial», llegó a decir, desautorizando de la medida a los dos dirigentes patronales. «A mi me puede quitar la asamblea local o la junta directiva, o yo voluntariamente decir que me voy», declaró Tábara entonces.
Los representantes legales de Manuel Tábara aducen en su escrito remitido a la patronal zamorana que ante esta circunstancia «no solo hay una persona que está realizando las funciones de presidente de la Ceoe-Cepyme de Benavente de forma ilícita (refiriéndose a quien ahora mismo ocupa el sillón presidencial, Angel Villar), sino que se permiten convocar una reunión de la Junta Directiva de Benavente sin que se le hayan comunicado nada al presidente, que, puesto que ustedes no dan por válidas las elecciones del pasado día 5 de octubre, es en este momento Manuel Tábara Lobo». El equipo jurídico de Tábara advierte además que la validez o no de las elecciones que confirmaron como presidente al candidato de la denominada lista renovadora, Jaime González-Estébanez «se aclarará en el momento oportuno».
Los asesores legales de Manuel Tábara acusan a la patronal de Zamora de «no dar explicación alguna» al respecto por lo que advierten tener que «adoptar las medidas oportunas de no obtener respuesta».
El caso es que el frente está abierto y en su día, serán los tribunales quienes tendrán que dilucidar el proceso seguido, ya que la denominada lista renovadora ya ha anunciado su pretensión de legalizar los resultados obtenidos. Si en la reunión de Tábara con los dirigentes de la organización zamorana a primeros de octubre se produjo o no la dimisión, es otra de las cuestiones claves en el proceso.
La directiva de Zamora convocó elecciones para renovar la Junta directiva de Benavente y comarca pero ante el incremento de socios en los días previos a la consulta electoral la patronal zamorana decidió suspender los comicios. Sin embargo la lista encabezada por Jaime González decidió, aunque en la calle y bajo supervisión notarial, realizar los sufragios con el resultado ya conocido.
Los integrantes de la lista ganadora han registrado ante el Registro de Asociaciones de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León la composición de la nueva Junta directiva. Del mismo modo, se registró en la sede de la Ceoe-Cepyme de Zamora un recurso de reposición con el fin de declarar la validez de las elecciones con el resultado de Jaime González-Estébanez como presidente.
González argumenta en su recurso, una de las claves de la cuestión, como es la de la suspensión de las elecciones aduciendo que «no tiene validez jurídica por quebrantar los estatutos y carecer de base razonable», basándose en que tales estatutos no recogen legitimidad alguna de suspensión de una asamblea electoral por la incorporación de asociados. Además hace hincapié en el artículo 22 de la Carta Magna que presupone que las actuaciones de los órganos sociales se atendrán a los estatutos y la legalidad vigente.
