La Diputación cree que la ausencia de la señal de peligro no fue determinante en un accidente mortal

B. G. La Diputación considera que el accidente mortal ocurrido el 12 de agosto de 2006, cuando una moto colisionó con un jabalí que irrumpió en la carretera que comunica Benavente y Fuente Encalada (en el término municipal de Manganeses de la Polvorosa), «posiblemente hubiera ocurrido igual» aunque hubiera existido una señal que advirtiera sobre el riesgo de animales sueltos en la calzada.
El diputado responsable del área de Carreteras, Antonio Iglesias, asegura que la postura de la institución provincial es de «escrupuloso respeto» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que por primera vez condena solidariamente a una institución a indemnizar a los herederos de la mujer fallecida en el siniestro. Pesde a ello, Iglesias insiste en que el ciclomotor que sufrió el accidente «iba a una velocidad muy moderada, a cuarenta o cincuenta kilómetros por hora, con lo cual se puede suponer que, aún estando una señal de peligro de animales sueltos, posiblemente hubiera ocurrido lo mismo».
Asfaltada y desbrozada
La ZA-P-1511, carretera en la que tuvo lugar el siniestro cuando un jabalí chocó contra la moto, se encuentra, según el diputado responsable del área, «en buen estado de asfalto y completamente desbrozada».
Respecto a la decena de informes supuestamente emitidos por la Guardia Civil, y en los que se advierte de la ausencia de señalización específica en la carretera, Antonio Iglesias muestra su «extrañeza», porque de ellos «sólo recibimos en la Diputación uno, en abril de 2008». Fue precisamente este documento el que hizo que en los días siguientes, subraya, se instalaran en la vía de comunicación las correspondientes señales de tráfico que advierten del peligro de animales sueltos en la calzada, y en las que también se limita la velocidad.
El diputado solicita a todas las administraciones colaboración estrecha en esta materia, algo que hace extensivo a toda la ciudadanía. «Pido a instituciones o a cualquier persona que comunique las situaciones de peligro que puedan ver en una carretera para poder actuar inmediatamente». La sentencia condena solidariamente a la Diputación, a la sociedad de cazadores El Castro, y a la mutua de seguros a que abonen a la pareja de la fallecida 121.499 euros, y otros 44.281 euros a cada uno de los dos hijos huérfanos.