J. A. G.
El Juzgado de Primera Instancia número 8 y Mercantil de León ha inadmitido la solicitud de declaración del concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) planteada por el administrador judicial de la empresa Procesos y Mantenimiento del Bierzo S. L., que compró todas las mercancías de la desaparecida Central de Ventas Carbayo.
El administrador judicial, nombrado hace un año por el Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente, basó la solicitud de concurso en base a la imposibilidad de hacer frente a los salarios, proveedores y otras obligaciones frente a terceros y administraciones públicas.
En el mes de marzo, el juzgado leonés dictó una providencia en la que concedía un plazo de cinco días para subsanar deficiencias, entre la que figuraban la aportación del inventario, un complemento de la relación de acreedores, la aportación de la relación de trabajadores de la plantilla (entre ellos algunos de los ex trabajadores de Central de Ventas Carbayo), la aportación de la hoja abierta en el Registro Mercantil y las cuentas anuales de los ejercicios 2006-2008, ambos inclusive.
En mayo, el Juzgado de lo Mercantil inadmitió la declaración de concurso voluntario por no haberse aportado toda la documentación requerida, entre ella el inventario de bienes y derechos de Promambi. El juez, que sostiene en su resolución que no le compete la verificación de diligencias de averiguación patrimonial, recuerda con respecto a las cuentas anuales que en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente no se conoce si el administrador judicial nombrado sustituye o no a los administradores de la empresa, siendo la formulación de las cuentas anuales una competencia de la empresa deudora que deben supervisar los administradores concursales en caso de intervención, y estos últimos en caso de suspensión.
La resolución del juzgado leonés concluye fundamentando su inadmisión ante la «absoluta imposibilidad de conocer la situación económica y financiera real de la sociedad, y con ello la efectiva concurrencia del supuesto de hecho tributario de la declaración del concurso».
Los trabajadores de Central de Ventas Carbayo, que trasladaron la mercancía antes de ser despedidos sin cobrar sus últimos salarios a un local regentado por Promambi en Federico Silva llegaron a valor el género entre 130 y 140 millones de las antiguas pesetas.
La plantilla continúa a la espera de sentencia dos años después
Dos años después de ser despedidos, los siete trabajadores de la plantilla de Central de Ventas Carbayo todavía siguen sin tener en sus manos una sentencia que confirme que su despido, comunicado de un día para otro en base al desahucio del centro de trabajo, fue improcedente.
Con tardanza, parte de los trabajadores comenzaron a percibir el subsidio de desempleo, pero a día de hoy todos los juicios celebrados en el Juzgado de lo Social (entre ellos uno celebrado recientemente en el que no compareció la parte empresarial) siguen sin resolución y pendientes de la vía penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente.
Los trabajadores, algunos con treinta años de antigüedad en la empresa, no han cobrado aún ni del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), como explicó ayer uno de ellos a este periódico.
Los abogados de CC OO y UGT reclaman que los despidos sean declarados nulos o subsidiariamente improcedentes, el pago de los salarios de tramitación y una indemnización de cuarenta y cinco días por año de trabajo.
El procedimiento penal por delitos societarios sigue adelante en los juzgados locales
El Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente nombró en la primavera del año pasado un administrador judicial que se hizo cargo de los bienes de Promambi.
La medida es una más de las adoptadas por el Juzgado dentro de la instrucción de sendas querellas por la comisión de presuntos delitos societarios (fraude, ocultación de datos y manipulación de información bancaria, entre otros) de los que se acusan mutuamente el propietario de Central de Ventas Carbayo, Rafael Carbayo, y el administrador único de esta sociedad, Santiago Pérez, este último junto a los responsables societarios de Promambi. La investigación ha deparado la imputación de un abogado leonés.
En este procedimiento, en el que han prestado declaración los querellantes y los querellados y algún trabajador de Central de Ventas Carbayo, también están personados acreedores de la sociedad.
El procedimiento pretende desentrañar la que parece ser una trama de descapitalización de la empresa, un extremo que habían denunciado públicamente y ante la Inspección de Trabajo los empleados de CVC.
Paralizado el desahucio del local donde se encuentran las mercaderías
La plantilla de Central de Ventas Carbayo comenzó en julio de 2007 a inventariar y a trasladar las existencias de la empresa a un local ubicado en el número 153 de la avenida Federico Silva. El trabajo se realizó con una orden por escrito firmada por el administrador único y se prolongó hasta el mes de octubre, momento en que fueron los trabajadores fueron despedidos.
El nuevo establecimiento, regentado por Promambi, la empresa compradora de la mercancía, abrió al público en el mes de enero de 2008 para dedicarse a la venta de los productos de ferretería, fontanería y calefacción.
La actividad duró poco. El Juzgado de Instrucción número 2 ordenó intervenir las mercancías. Promambi dejó entonces de pagar el alquiler y su propietario planteó un lanzamiento de bienes. Este tenía que haberse producido a partir de enero de este año, sin embargo ha sido paralizado.
En una reunión en la que estuvo presente el administrado r judicial, la juez decidió suspender de momento la ejecución del desahucio del local donde están depositados los bienes de Promambi.
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