Los responsables de Promambi, la empresa que adquirió los bienes de Central de Ventas Carbayo, tendrán que comparecer en diciembre en el juicio por desahucio planteado por el propietario del local de la avenida Federico Silva donde fueron trasladadas las mercancías.

Promambi, que abrió en este inmueble una tienda con el propósito de continuar con este nombre la actividad y que poco después resultó precintada por orden judicial, adeuda al propietario varios alquileres. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente ha señalado el lanzamiento en el mes de enero, tras la vista. Los bienes se encuentran bajo la tutela de un administrador judicial desde la primavera, también por resolución de la juez.

Esta es una las vías pendientes tras el cierre de Central de Ventas Carbayo, el despido de sus trabajadores y la venta de la mercancía de esta empresa a Promociones y Mantenimiento del Bierzo S. L..

En el Juzgado de lo Social se sigue a la espera de que se agote la vía penal para hacer pública la sentencia sobre el despido de los trabajadores, que cumplirá un año en el mes de octubre. Todos ellos reclaman que los despidos sean declarados nulos o subsidiariamente improcedentes, el pago de los salarios de tramitación y una indemnización de cuarenta y cinco días por año de trabajo, aunque la defensa de una parte de los trabajadores habría tenido en estas semanas que plantear de nuevo la demanda por «algún tipo de error», según informaron fuentes involucradas en el proceso laboral.

Entretanto, la instrucción del procedimiento por el cruce de querellas entre los antiguos propietarios y el administrador único nombrado posteriormente junto Promambi, que se acusan mutuamente de la comisión de presuntos delitos societarios, ha deparado la imputación bajo fianza de un abogado leonés.

La investigación judicial pretende desentrañar la que parece ser una trama de descapitalización de la empresa, un extremo que habían denunciado públicamente y ante la Inspección de Trabajo los empleados de CVC tras producirse su despido. Entonces, los empleados se temían que con diversas maniobras, entre ellas la venta de la mercancía, la empresa no pudiera hacer frente al pago de los despidos, los atrasos y las indemnizaciones que les pudieran corresponder. La plantilla cifra el valor de esta mercancía entre 130 y 140 millones de las antiguos pesetas.

El letrado imputado en el procedimiento por un presunto delito societario era al parecer socio del propietario de Central de Ventas Carbayo. Las acciones de la empresa fueron vendidas y nombrado al frente de la misma un nuevo administrador único, que a su vez enajenó las mercancías de CVC a Promambi y despidió a los trabajadores alegando el desahucio de la empresa del local que ocupaba.