07 de junio de 2017
07.06.2017
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Al grano

El señor Pedáneo se muere de asco

Sobre la discriminación doble -o triple- que sufren los pueblos pequeños

08.06.2017 | 00:48
El señor Pedáneo se muere de asco

Sé de una compañera de oficio que, cuando ejercía en prácticas en una emisora de radio de Zamora, le hizo una entrevista al señor Pedáneo. La interviú, claro, fue a un alcalde pedáneo, término que ella, entonces, no conocía y, con las prisas y los nervios, lo convirtió en nombre propio. Hubo risas y chanzas por la graciosa equivocación.

La anécdota me ha venido a las mientes al reflexionar sobre la injusticia que viven los pueblos pequeños que dependen de otros mayores, donde están radicados los ayuntamientos. Las pedanías sufren la doble injusticia de ser ninguneadas por la Administración y la sociedad, por un lado, y por el municipio sede del consistorio, por otro.

La semana pasada mi compañera Irene Gómez publicó un reportaje denuncia sobre la situación que vive Olmo de la Guareña, "olvidado" en muchos aspectos por el Ayuntamiento de Vallesa. Y no es que el de Olmo sea un caso especial, la situación se repite en casi todos los pueblos que dependen de otros. Primero cubro lo servicios del tronco y después, si sobra, voy a las ramas, parece una máxima no escrita de la gestión municipal, que se cumple casi a rajatabla.

Zamora cuenta con 506 núcleos de población y 248 municipios. Esto significa que la mayoría de los pueblos, dejando al margen al puñado de entidades locales constituidas que tienen régimen propio, son pedanías que viven de las migajas que redistribuyen los ayuntamientos. Sobreviven como pueden porque se encuentran en una situación clara de indefensión. Suelen contar con un concejal que ni pincha ni corta en el pleno municipal. Está en minoría y en vez de exigir lo que corresponde al pueblo que representa se ve obligado a mendigar los servicios imprescindibles.

Es muy difícil que esta situación cambie porque el que parte y reparte se lleva la mejor parte (el dicho está ahí por algo), pero, no obstante, sí que alcaldes, Diputación, Junta y Gobierno central deberían fijar por ley medidas que hagan posible un reparto más justo de los ingresos municipales. Es de justicia y de humanidad.

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