La intención del Gobierno de gravar con un impuesto específico los refrescos ha herido sensibilidades y ha puesto en pie de guerra a cultivadores de remolacha, fabricantes de alimentos y bebidas, e incluso a la distribución y la hostelería, que apuntan a que la medida criminaliza el azúcar.
Los contactos entre el Ministerio de Hacienda, la patronal que agrupa a los fabricantes de refrescos (Anfabra) y la entidad que representa los intereses de la industria alimentaria (FIAB) ya han arrancado, aunque las conversaciones se encuentran aún en una fase inicial. "Todavía queda un largo camino" para ver si finalmente se aprueba el impuesto sobre los refrescos, ha apuntado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina
García Tejerina recuerda que la ley necesitará del apoyo de otros grupos políticos para pasar el trámite parlamentario, un detalle que añade más incertidumbre al futuro de este nuevo gravamen.
A ellas se suman las que hizo públicas meses atrás el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien calificó la creación de este impuesto de "disparate". Los propios productores de azúcar confían en que el Ejecutivo acabe por dar marcha atrás y deje caer este nuevo impuesto, una sensación que hicieron pública tras reunirse con la titular de Agricultura la semana pasada. Aunque el Ministerio no dio detalles sobre el contenido de las conversaciones, los representantes del sector remolachero aseguran que García Tejerina les transmitió que la situación de este gravamen es todavía "muy preliminar", sin que exista siquiera un borrador.
