La Alianza UPA-COAG ha cuantificado en cerca de 850 millones de euros las pérdidas acumuladas durante 2016 en sectores "clave" de la actividad agraria de Castilla y León como los cereales o la ganadería respecto a las últimas campañas en las que los precios "cubrían los costes de producción".
Así lo señala la organización profesional agraria (OPA) en su balance del año que concluye, en el que "los abusos de la industria y la distribución", así como "la inacción" de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, han provocado una "crisis de precios" que se suman a la pérdida de 428 agricultores a título principal.
En un comunicado remitido a Europa Press, la Alianza desmiente así el "supuesto incremento de la renta agraria del cinco por ciento" a lo largo de este año en el conjunto del país e insiste en el especial impacto de las pérdidas en subsectores como el de los cereales, la cría de conejo, porcino, miel y ganadería de leche.
Junto a esto, UPA-COAG ha cargado contra el incremento "especulativo" de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas. Ante ello, considera "inaplazable" el desarrollo de la Ley Agraria, concretamente en lo relativo a la puesta en marcha de la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios, y del Defensor de la Cadena Alimentaria.
Por lo que se refiere al papel de las OPA, la Alianza ha lamentado que mientras su trabajo para agilizar "la maquinaria tan lenta y pesada de la propia Administración", los recursos asignados a ellas es "cada vez más precario", por lo que considera "prioritario" el "dotar de los medios necesarios" a quienes realizan estas tareas de "acercar al ciudadano, en este caso agricultores y ganaderos, cuantas respuestas demandan en el día a día de su actividad profesional".
FAUNA SILVESTRE
La Alianza UPA-COAG ha señalado este 2016 que concluye como un año de "descontrol de la fauna silvestre", con "casi cuatro de cada diez accidentes de tráfico con animales implicados" o daños relacionados con la proliferación de ciervos, corzos y jabalíes, ante lo que ha reclamado un "cambio radical" en las políticas europeas, nacionales y regionales.
Sin embargo, la OPA ha señalado especialmente el problema que suponen los ataques de lobo al ganado en el año "con más ataques que nunca". En este sentido, ha recordado que mientras al sur del Duero se han indemnizado los daños "en apenas 15 días" merced a una sentencia ganada en los tribunales por esta Alianza, al norte de este río la gestión del lobo ha sido "catastrófica", con cupos de caza que "se han incumplido hasta en un 50 por ciento" con una "multiplicación de ejemplares espectacular año tras año".
A la situación de crisis del vacuno de leche, UPA-COAG ha sumado en 2016 el de la leche de oveja y de cabra, afectado por la introducción de un mayor porcentaje de leche bovina en quesos de mezcla, lo que ha provocado que en algunos casos el precio haya descendido hasta los 25 céntimos por litro, a lo que se suma la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos que "ha penalizado muy severamente al sector ovino-caprino.
En lo relativo al sector de la remolacha azucarera, la organización agraria ha confrontado la "buena noticia" de su "victoria" judicial sobre la Junta de Castilla y León que la obliga a pagar a 5.315 remolacheros de la región los tres euros por tonelada más intereses correspondientes a la campaña 2011-2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no hizo en su día, con la "mala" del anuncio del Gobierno de España de establecer un impuesto a las bebidas azucaradas.
"Si los responsables del Ejecutivo estuvieran realmente preocupados por la salud pública de los españoles deberían afrontarlo con actuaciones que favorezcan los hábitos saludables mediante medidas pedagógicas, educativas y sociales, y no desde el ámbito de más cargas fiscales al ciudadano y que trascienden directamente al sector remolachero azucarero, lo que conllevaría una destrucción muy importante de tejido social y económico en nuestra Comunidad", advierte el comunicado, que posteriormente recuerda que a esta "incertidumbre" se suma el fin de las cuotas remolacheras en septiembre de 2017 "sin saber aún cómo afectará al agricultor".
Por último, la Alianza UPA-COAG ha criticado que, ante la plaga de topillos en los campos castellanoleoneses, la anunciada quema de rastrojos ha sido "absolutamente inútil" y "apenas 30.000 hectáreas" se han podido acoger a esta norma ante "la cantidad de inconvenientes que han impuesto las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería".
