El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los representantes de las organizaciones agrarias, acordaron ayer plantear a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que solicite a la Unión Europa el cambio de régimen del lobo al sur del Duero.
La decisión se tomó en la reunión de Suárez-Quiñones, con miembros de las organizaciones agrarias que representan a los ganaderos afectados por los daños del lobo al sur del Duero. Según ha informado la Junta, en la reunión se analizó la necesidad de solicitar al Ministerio que solicite el cambio de régimen de protección del lobo al sur del Duero, "de manera que pase de estar estrictamente protegida a ser gestionable".
El objetivo es que la especie "pueda gestionarse con mayor flexibilidad y eficacia". Para ello, se van a analizar los parámetros que más afectan a la gestión de la especie: en primer lugar, la consideración del estado de la conservación, que permita dar respuesta a los compromisos de la Directiva Hábitat; en segundo lugar, la forma de planificar las actuaciones con el fin de mantener las poblaciones en un estado de conservación favorable y con unos daños a la ganadería mínimos y, en tercer lugar, se modificaría la forma de realizar los controles o aprovechamientos de la especie.
En este último punto, el consejero se comprometió a indemnizar los daños, es decir, serán abonados por la Junta de Castilla y León por un sistema como el implantado a día de hoy. Asimismo, Suárez-Quiñones recordó "el buen funcionamiento" del nuevo seguro que se puso en marcha el pasado 1 de junio, con el que el plazo de pago de las indemnizaciones que la Consejería da a los ganaderos por los daños causados por la especie al sur del Duero "ha pasado de cerca de un año a 17 días".
También se fijarían unos cupos de extracción sostenible. La finalidad de este cupo, que se fijará en función del estado de las poblaciones de lobos, será ayudar a prevenir los daños sin esperar a que se den. Estos controles serían llevados bajo el mando de la Administración a través del personal de campo, los técnicos y agentes medioambientales, en su caso con la ayuda de cazadores con la titularidad cinegética de los terrenos donde se haya establecido el cupo y los ganaderos y propietarios afectados por los daños del lobo -siempre que cumplan unos conocimientos mínimos en las técnicas de caza-.
