03 de noviembre de 2016

UPA-UCE obtuvo 1,8 millones de euros mediante una trama de financiación ilegal

El dinero procede de unas 5.500 subvenciones que supuestamente fueron solicitadas por 1.800 afiliados

04.11.2016 | 00:51

La asociación agraria UPA-UCE Extremadura obtuvo algo más de 1,8 millones de euros procedentes de unas 5.500 subvenciones, merced a una trama de financiación ilegal cuya investigación tiene su origen en una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola.

Este dinero, obtenido durante el periodo 2013-2015, procede de unas 5.500 subvenciones que supuestamente fueron solicitadas por más de 1.800 afiliados de UPA-UCE Extremadura, ha informado fuentes de la Guardia Civil a través de una nota de prensa.

De hecho, y según las pesquisas, numerosos afiliados desconocían que habían pedido dichas subvenciones.

La operación Tellus, como se ha denominado el operativo iniciado ayer con registros en varias sedes de UPA-UCE, se ha saldado, de momento, con siete detenidos, cuatro de los cuales son miembros de la Junta Directiva de la entidad agraria, entre ellos su secretario general, Ignacio Huertas.

Los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

A raíz de la denuncia, los investigadores, que llevan trabajando en estas diligencias desde hace 10 meses, determinaron que más de 1.800 personas afiliadas a UPA-UCE Extremadura habrían pedido supuestas subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante 2013-2015 con fondos procedentes de la UE.

Dichos fondos fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado de prensa.

A juicio del instituto armado, "un sofisticado entramado financiero permitía desviar los fondos destinados a subvenciones para asesoramiento dedicándolos a la actividad propia del sindicato".

Tras el estudio de la normativa que regula la obtención de estas subvenciones por asesoramiento agrario, los agentes comprobaron que los perceptores de dichas ayudas eran agricultores cuya explotación agraria estaba en Extremadura, los cuales recibirían, previa solicitud y presentación de la documentación correspondiente, el 80% del importe total del asesoramiento agrario.

Dicho asesoramiento sólo podía ser prestado por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por la Junta, entre los que se encontraba el propio sindicato UPA-UCE.

Con estos datos, la Guardia Civil procedió a tomar manifestación a una treintena de agricultores afiliados al sindicato, y realizó "un minucioso análisis" de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato, han agregado las mismas fuentes.
Estas pesquisas permitieron determinar la existencia de "un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución", en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada.

Asimismo, la Guardia Civil ha comprobado como algunos empleados del sindicato -captadores- utilizaron mediante "el engaño o tergiversando la información" a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos.

Entre estos papeles figuraba la solicitud de la subvención, la petición de un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes a los bancos para que procediesen a los adeudos de cobro por parte de una mercantil asociada al sindicato de la que servían para dar apariencia de legalidad al entramado.

La mecánica desvelada por la investigación refleja que el dinero necesario para pagar el informe agrario provenía del propio sindicato, que lo transfería a la empresa mercantil instrumental, la cual lo remitía a los agricultores perceptores de las ayudas, para volver de nuevo al sindicato de donde había salido, simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar subvenciones.

De esta forma, se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario.

La subvención, una vez gestionada por el propio sindicato con los documentos que les daban a firmar a los agricultores, era ingresada en la cuenta de estos últimos e inmediatamente se transfería a la mercantil instrumental como amortización del préstamo.

Desde allí nuevamente se transfería al sindicato, han explicado las mismas fuentes.
De esta manera el dinero salía del sindicato, se transfería a los agricultores a través de la mercantil y volvía al sindicato mediante el cobro de recibos, lo que permitía a este último volver a ponerlo en circulación las veces que lo considerase necesario, operando reiteradamente con esos fondos para volver a recuperar el dinero.

Las operaciones eran "ficticias y sin coste económico alguno", por lo que el sindicato obtenía "el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados del sindicato, las cuales volvían a este último".

Este proceso de transferencias y cobro de recibos "tipo carrusel" se daba a espaldas de los propios agricultores, muchos de los cuales desconocían incluso haber solicitado un préstamo para asesoramiento agrario, han expuesto desde la Guardia Civil.

La investigación patrimonial ha desvelado que el capital se ha utilizado mayoritariamente por el sindicato para la financiación de la actividad propia del mismo (pago de nóminas, impuestos, pago de proveedores, suministros), otra parte del dinero se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines. EFE

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine