06 de julio de 2016

UPA-COAG solicita a la Junta que regule la trashumancia de abejas

07.07.2016 | 00:39
Un apicultor zamorano muestra algunas de sus abejas.

Apicultores alistanos y ayuntamientos formarán un frente común ante lo que consideran una invasión de explotaciones apícolas trashumantes, y ello se hará mediante una regulación oficial en todos los pueblos. Los apicultores reconocen que tras el caso de San Vitero "se nos trata a todos los alistanos como si fuéramos salvajes y no es así, ni las abejas tenían la culpa ni nosotros tampoco". La asociación de apicultores se reunirá hoy en San Vitero para analizar la situación y tomar medidas. Se calcula que puede haber ubicadas en Aliste unas 8.000 colmenas llegadas de otras partes del país. Ya son 29 los municipios que han publicado ordenanzas sobre este tema, el último el de Mahíde, cuya Corporación acaba de aprobar una ordenanza fiscal que, tras pasar la exposición pública, entrará en vigor para Mahíde, San Pedro, Boya, Las Torres y Pobladura.

La Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG ha transmitido a la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León la necesidad de aprobar una ley que regule la trashumancia de abejas en Castilla y León. El grupo de trabajo del sector apícola de dichas organizaciones trabaja en una propuesta de ley, ya que consideran que "la actual normativa no responde a las necesidades del sector".

Los sindicatos agrarios denuncian el "excesivo celo de los ayuntamientos de distintas provincias de Castilla y León y Extremadura, que a través de ordenanzas municipales primero pretenden que la apicultura se convierta en una fuente de ingresos para ellos, y segundo penalizar y castigar a la apicultura trashumante, la más profesional y representativa de Castilla y León".

En la Comunidad el censo ha decrecido en 5.000 colmenas en los últimos cinco años, en ese mismo periodo Aragón ha crecido en 6.000, Castilla-La Mancha en 5.000 colmenas, Murcia en 15.000, Andalucía en 60.000 colmenas, y llama especialmente la atención el crecimiento de Extremadura, cuyo censo en ese mismo periodo se ha incrementado en 200.000 colmenas. Este aumento de colmenas que suponen 2.000 asentamientos nuevos en Castilla y León están generando un conflicto de ordenación en nuestra comunidad autónoma, que a partir del mes de junio se ha convertido, como consecuencia del cambio climático y la siembra de nuevas variedades de plantas melíferas (colza, alfalfa o plantas aromáticas, entre otras), en el lugar de concentración de colmenas de la mayor parte de España.

Los apicultores castellano-leoneses acogidos a las ayudas agroambientales están obligados a mantener las colmenas en la Comunidad durante cinco meses y a declarar la ubicación exacta de los colmenares, condiciones de control que no tienen que cumplir otros apicultores que proceden de otras regiones como Extremadura, Castilla- La Mancha y Aragón.

Por otro lado, la Alianza denuncia "un excesivo aumento de los siniestros en colmenas producidos en los últimos cuatro meses, desde nuestra organización contabilizamos ya 10 producidos por robos y actos vandálicos en Cáceres, Salamanca, Ávila y Zamora".

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