El lobo es un activo para Castilla y León y, en particular, para Zamora, que reúne la mayor población de cánidos salvajes de España, casi 500. El lobo es riqueza (y, por Dios, le pido a los ganaderos que no me condenen a la hoguera ya, por favor sigan leyendo) siempre que se sepa gestionar. El lobo -y todo su mundo- alimenta un potencial turístico y cultural enorme. Es la especie salvaje de la provincia con más atractivo fuera de nuestras fronteras. El censo de lobos no está cerrado, puede crecer aún más en una provincia que está perdiendo seres humanos a velocidad de vértigo. El lobo es, aunque parezca una contradicción, futuro.

Pero, ojo, todo lo dicho es pura retórica si no hay una gestión adecuada. Si la Junta de Castilla y León no se cae del burro de una vez y paga los daños causados por los cánidos salvajes pronto, sin cicaterías y sin regatear. Si el Gobierno regional no se vuelca en la protección de los ganaderos, consiguiendo que se sientan amparados y no paganos de daños principales y colaterales.

La pelota está en el tejado de la Administración regional, que tiene a su disposición la tecla que acabará con el problema. Dicen los sindicatos que la Consejería de Medio Ambiente está dispuesta a suscribir un seguro de responsabilidad para reparar los daños que cause el lobo en todo el territorio regional. Por ahí empieza la solución. Que nadie pierda dinero.

El lobo es patrimonio público y debe estar protegido, pero no es justo que su mantenimiento lo pague solo una parte de la población. El lobo es riqueza natural que acabará beneficiando a todos, pues entonces su daños deben también pagarlos todos. Es lo justo. Hermano lobo, sí. Pero de todos.