José Miguel Herrero | Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios

"Una norma no cambia conductas de siglos, la Ley de la Cadena se plantea a medio plazo"

"La normativa impone contratos por escrito, con un precio determinado antes de entregar el producto y con un plazo de pago; en definitiva, da seguridad jurídica"

02.12.2015 | 00:39

José Miguel Herrero está al frente de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de controlar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. A lo largo de esta entrevista, Herrero explica las funciones y el trabajo desarrollado por la Agencia en sus casi dos años de funcionamiento

-¿La Ley de la Cadena Alimentaria está consiguiendo romper el desequilibrio de ese camino que va de la tierra a la distribución?

-La ley surge porque tenemos una cadena alimentaria que no es simétrica; hay un eslabón muy amplio, que son los agricultores y los ganaderos, y un eslabón mucho más estrecho que es la distribución. Conforme pasamos del campo al consumo las empresas se van reduciendo, hay menos pero de un tamaño más grande, con lo cual se produce un desequilibrio en la negociación entre los eslabones que están más próximos al productor y los que están más próximos al consumo. Por eso la ley lo que pretende es buscar un equilibrio en las relaciones entre unos y otros y dar más peso a los eslabones más débiles.

-Hay una parte, la distribución, que se puede sentir agredida, ¿era necesario pararles los pies?

-No es una ley contra nadie, no es contra la distribución sino que contra el desequilibrio. Una ley que no se olvida de nadie porque está pendiente de todos los operadores de la cadena alimentaria, y que vigila las relaciones comerciales.

-La Agencia nace para controlar el cumplimiento de la ley, ¿se está consiguiendo?

-La ley se aprobó en 2013 y entró en vigor en enero de 2014. A partir de ahí se crea la Agencia de Información y Control alimentarios, AICA, para vigilar su cumplimiento. La ley tiene tres elementos que son muy importantes: unas normas claras de lo que está permitido y lo que está prohibido en las relaciones comerciales; unas tarjetas rojas o sanciones en el caso de que haya empresas que se salten las normas; y un árbitro, que es la Agencia de Información y Control Alimentarios, que puede sacar las tarjetas rojas a los operadores que se saltan las normas. Y esas normas lo que imponen básicamente es contratos por escrito con un precio determinado antes de entregar el producto y con un plazo de cobro o de pago, dependiendo de si es el comprador o el vendedor. En definitiva, da seguridad jurídica porque se sabe cuánto se va a cobrar y cuándo, algo que en el sector alimentario no era lo más habitual. Muchas transacciones se hacían con un apretón de mano y no con un contrato.

-Pese al escaso recorrido la Agencia a juzgar por los datos, más de tres mil inspecciones, parece que no ha perdido el tiempo.

-La actividad ha sido muy intensa porque la ley no tenía ningún precedente anterior en la Unión Europea ni en España y había que empezar de cero. Y esta Agencia puede actuar de dos maneras: por denuncia, es decir, cualquiera que está en la cadena que considera que están abusando de él puede presentar una denuncia. Nosotros hacemos una investigación y si se detecta que efectivamente hay un incumplimiento se pone una sanción. O de oficio, que es la parte más potente porque en esa cadena asimétrica donde hay fuertes y débiles, los débiles tienen miedo a denunciar a los fuertes. Por eso el que podamos actuar de oficio cuando tenemos indicios o hay riesgo de que en un determinado sector se está incumpliendo, es lo que hace que sea muy potente la actividad de la Agencia.

-¿De dónde les llega fundamentalmente la información?

-Hay 91 denuncias en dos años e inspecciones hemos realizado tres mil; ahí se ve el desequilibrio. De las 91 denuncias, prácticamente el 80 por ciento vienen a través de las organizaciones agrarias, pero también nos llega mucha información anónima, de agricultores, ganaderos o industrias que no quieren presentar la denuncia formalmente por miedo a las represalias de quedar señalados con su nombre. Sin embargo a nosotros sí que nos sirve, son lo que llamamos indicios y cuando se van acumulando indicios de una empresa o de un sector montamos un plan de inspección específico para verificar si hay contratos o si se está pagando tarde.

-¿Qué tipo de denuncias e inspecciones son las más habituales?

-En las inspecciones que hacemos siempre procuramos buscar todo, es decir, ver si hay contrato, si está completo y tiene un precio y si se ha pagado a tiempo. Una vez que hemos realizado la inspección vemos que el incumplimiento más generalizado sería el impago en los 30 ó 60 días que están establecidos y también la ausencia de contratos. No obstante hay más empresas que están dentro de la ley que las que se quedan fuera, porque el 80 por ciento de las inspecciones salen bien, no hemos encontrado ninguna irregularidad. En un 20 por ciento sí.

-Se siguen dando incumplimientos pese a la ley...

-Y se seguirán dando porque pasar de cero a cien es complicado y por el hecho de la mera existencia de una ley en el Boletín Oficial del Estado no se cambian las actitudes y las conductas de décadas o de siglos. Por lo tanto esto hay que verlo también como una labor a medio y largo plazo. Los cambios se irán produciendo poco a poco y gracias a que, por un lado se conciencie el sector de que es necesario hacer lo que acuerda la ley, y por otro lado porque existe la agencia que va a velar por el cumplimiento de la misma.

-¿Perciben que las partes se van concienciando del necesario equilibrio en la cadena alimentaria?

-Sí. Puedo poner el ejemplo del sector del vino, con el que estamos ahora inmersos en una campaña de inspección muy potente que se inició con la vendimia de este año. La campaña surge porque el año pasado hubo bastantes denuncias anónimas e hicimos un estudio en la Agencia y vimos que era generalizado el incumplimiento de la ley. No existían contratos y se estaba pagando muy tarde. Anunciamos una campaña para este año y hemos visto un cambio muy importante donde ya se han generalizado los contratos entre las bodegas y los viticultores. Hace unos días en Castilla-La Mancha me decían que muchas bodegas ya habían pagado la totalidad de la cosecha en 30 días. Eso es un cambio importante que ya se está produciendo. Hay que ser prudentes en el sentido de que no se cambian las cosas de la noche a la mañana, pero creo que el sector está concienciado.

-A parte del vino tocan muchos sectores más, ¿cómo es el comportamiento en otros productos?

-Hemos trabajado mucho en frutas y hortalizas, y con motivo del veto ruso hicimos una campaña muy intensa en este sector. En Castilla y León especialmente nos hemos centrado en la patata, uno de los productos que tienen más importancia aquí y podían existir más irregularidades, sobre todo en el tema de los contratos. Y en frutas y hortalizas, donde hemos visto más incumplimientos es en el eslabón mayorista. En los asentadores de los mercas hemos abierto como el 70% de los expedientes sancionadores porque no pagan en tiempo.

-Los operadores afectados en ocasiones han protestado por la labor de control que ejercitan sobre ellos, ¿se ha actuado con demasiada dureza"

-Alguna vez se han generado polémicas porque este eslabón en concreto, al ser el receptor de tantas sanciones, ha protestado. Dicen que les ha pillado un poco desprevenidos la existencia de esta ley. En cualquier caso es una ley que no se olvida de ninguno de los eslabones de la cadena. Y el hecho de que estemos abriendo esos expedientes sancionadores a los mayoristas, al final terminará redundando en los productores que estaban vendiendo las frutas y las hortalizas a resultas, sin conocer el precio, y además se daba a esa práctica en los siguientes eslabones. El agricultor vendía a una central, la central vendía al mayorista y todos vendían a resultas.

-¿Las sanciones han surtido efecto?

-Desde luego, en el momento que hemos empezado a poner coto a estas malas prácticas se establecen unos contratos con unos precios y eso al final da mayor seguridad a los agricultores.

-¿En un producto tan emergente en el mercado como las setas también se aplica la Ley de la Cadena?

-Siempre que haya compra y venta de esas setas entre operadores sí tendrían que cumplir. Porque la Ley de la Cadena afecta a cualquier operación comercial, sobre todo compras y ventas de cualquier alimento o materia prima. Las setas, al ser un alimento están dentro de esa obligación.

-¿Con cuánto personal cuentan en la Agencia para esa tarea inspectora?

-En la Agencia somos 80 personas e inspectores que hagan labores puras de inspección como la mitad, aunque todos tenemos la capacidad en un momento dado de firmar un acta de inspección. Somos 80 trabajadores en cuatro provincias: Madrid, Cáceres, Jaén y Córdoba.

-En Zamora, por fortuna, no se han estrenado con ningún expediente...

-Hay Cuatro denuncias Castilla y León, tres de leche y una de conejo. En Castilla y León se han incoado ocho expedientes sancionadores, 7 de frutas y hortalizas y uno de aceite. En Zamora no hay expedientes.

-Porque las sanciones pueden llegar a ser importantes, ¿qué cuantías establecen?

-Pueden llegar hasta un millón de euros en el caso de las muy graves, pero lo más habitual con infracciones leves, que llegan hasta los 3.000 euros. El incumplimiento de los plazos de pago, que sí que es una infracción grave, van de tres mil a cien mil euros. Al final saltarse la ley puede salir caro porque se van acumulando las multas. Cuando uno no hace contratos normalmente no los hace a varios agricultores o ganaderos, y por cada uno de esos incumplimientos es una multa, con lo cual se pueden acumular sanciones importantes.

-El problema es que tanto la Ley de la Cadena como la propia Agencia son bastante desconocidos aún para el ciudadano que muchas veces reclama control sin saber que ya hay mecanismos ¿se han planteado darse a conocer más?

-Es desconocido a pesar de que estamos haciendo una campaña de difusión, hemos participado en unas cien jornadas pero al final llegas a un público limitado. Vamos a hacer una campaña de divulgación más masiva utilizando medios convencionales para que los agricultores y ganaderos conozcan las obligaciones, pero también que hay un organismo ante el que pueden denunciar y contar lo que está pasando para que podemos actuar y ofrecer soluciones. Hay muchas empresas que no saben cómo hacer un contrato y nuestra labor también es ofrecer soluciones, no solo sancionar. Nuestra labor está siendo también prudente porque tampoco se trata de cargarnos el sector agroalimentario. Ese doble juego de sanción y de ayuda es el papel importante que tiene la Agencia y que debería ser mucho más conocido porque al final es un aliado del sector.

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